Ante la polémica de la Ley Aragonés, Administración, empresas y sindicatos coinciden en la necesidad de evaluar la calidad de los servicios a las personas

La Fundación Edad&Vida y Accent Social celebraron una jornada en la que se debatió sobre la situación del sector de la atención a las personas y sus retos de futuro

Según cifras de Idescat, en la actualidad el 18,8 % de los residentes de Catalunya tienen más de 65 años y un 6% pasa de los 80. Un contexto social en el que la dependencia es una realidad cada vez más acusada y en el que, por ende, resulta necesario buscar mecanismos que aseguren la capacidad de ofrecer unos servicios de atención a las personas desde los mayores estándares de calidad.

Sobre este y otros retos debatieron el pasado jueves en el Colegio de Economistas representantes de la Administración, empresas de servicios a las personas, sindicatos y asociaciones de usuarios que se dieron cita en un acto organizado por Edad & Vida y Accent Social bajo el título “Prestación de Servicios a las Personas: Qué, Quién, Cómo. Visión de expertos y usuarios”.

AJUSTES EN LA LEY ARAGONÉS

El proyecto de Ley de Contratación de Servicios a las Personas, conocido como Ley Aragonés, ha centrado el debate en los últimos meses en quién debe prestar estos servicios: empresas especializadas, entidades del Tercer Sector o Administración.

No obstante, José Antonio Mur, director de Accent Social; Marina Giner, responsable del Servicio de Atención Domiciliaria, “FeSP-UGT Catalunya”, Miquel de Benito, director de contratación del Ayuntamiento de Barcelona; y Josep Carner, representante de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, coincidieron en que el debate ha dejado de lado el elemento más importante de la ecuación: el bienestar de las personas usuarias.

En este sentido, expusieron la idoneidad de asegurar un entorno profesional en el que la prioridad sea ofrecer unas prestaciones óptimas tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras.

“A los ciudadanos, los pacientes y los contribuyentes les importa que el servicio que reciben sea de la mejor calidad posible y no el tipo de contrato que pueda tener su proveedor”, aseguró Francesc José Maria, asesor en el ámbito sanitario y social que pronunció una ponencia durante la jornada.

Desde el punto de vista de Accent Social, José A. Mur subrayó: “Lo que estamos reivindicando los operadores económicos es que se nos juzgue por la calidad del servicio que prestamos y no por la tipología de entidad. Pedimos transparencia e igualdad de trato y que el debate se centre en cómo mejorar la calidad en la asistencia a través de organismos independientes que controlen, supervisen y evalúen la prestación del servicio”.

UN SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

En referencia a la cuestión sobre qué debería contener una Ley que regulase la colaboración público-privada, los asistentes reivindicaron la creación de estructuras de control que evalúen de manera continua la calidad de la prestación de los servicios.

Un elemento de examen que ya existe en países como Reino Unido, dónde la llamada Care Quality Comission (CQC) actúa como mecanismo independiente con capacidad ejecutiva para evaluar la prestación de los servicios sociales y sanitarios con funciones como controlar el registro de proveedores o supervisar, inspeccionar y valorar los servicios.

También ayuda a proteger a los usuarios de los servicios e informa a la sociedad de manera independiente sobre la situación de los mismos, teniendo potestad incluso de finalizar aquellos servicios que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos.

En relación al concierto social que proponen las directivas europeas de contratación, los ponentes destacaron que es necesario que se garantice la concurrencia y no discriminación en la elección de la entidad, ya que la concertación no puede suponer romper el sistema de “control de acceso”.

Una no correcta aplicación del concierto social podría significar cambiar radicalmente el sistema de contratación actual y pasar a adjudicaciones directas sin una licitación previa, en la que se escoja al mejor licitador, basándose en unos parámetros previamente conocidos, es decir, con transparencia e igualdad de trato hacia todos los operadores económicos.

DIGNIFICACIÓN DEL SECTOR Y NECESIDAD DE DIÁLOGO

En referencia a la dignificación del sector, el representante de Accent Social apuntó la necesidad de mejorar la formación y las condiciones laborales de los trabajadores.

Por su parte, la representante de UGT, Marina Giner, declaró: “A los trabajadores no les importa ni les afecta el tipo de entidad que presta el Servicio, dado que todos los operadores económicos, incluida la Administración, aplican el mismo Convenio y las mismas condiciones laborales. Lo que sí hay que reivindicar es que las Administraciones aporten más recursos económicos que repercutan en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores”.

Publicación original en La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/local/20190719/463584045341/administracion-empresas-sindicatos-reclaman-evaluar-atencion-personas-brl.html