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Accent Social reclama más y mejores mecanismos para asegurar la calidad en los servicios a las personas

Accent Social ha organizado, junto con la Fundación Edad & Vida, una jornada en la que representantes de la Administración Pública, de empresas de servicios a las personas, de sindicatos y personas usuarias han debatido sobre cómo mejorar la asistencia.

 

Accent Social, entidad local que ofrece servicios sociales de proximidad, ha querido reclamar más y mejores mecanismos de control que permitan asegurar la máxima calidad en la prestación de servicios a las personas..

Lo ha hecho en el marco de un evento organizado hoy junto a la Fundación Edad & Vida que, bajo el título “Prestación de Servicios a las Personas: Qué, Quién, Cómo. Visión de expertos y usuarios”, ha reunido a representantes de la Administración Pública, de empresas de servicios a las personas y de sindicatos en las instalaciones del Colegio de Economistas de Barcelona.

La jornada ha puesto el foco en la necesidad de establecer medidas que ayuden a todas las entidades y operadores que prestan atención a las persones a ofrecer unos servicios de máxima calidad y que contribuyan a eliminar la precariedad laboral.

El proyecto de Ley de Atención a las Personas, conocido como Ley Aragonès, ha centrado el debate a lo largo de los últimos meses en quién debe prestar estos servicios (empresas especializadas, entidades del Tercer Sector o la propia Administración), dejando de lado el elemento más importante de la ecuación: el bienestar de las persones.

En este sentido, los representantes del sector han expuesto la idoneidad de asegurar un entorno profesional en el que la prioridad sea ofrecer un entorno óptimo tanto para los usuarios como para las personas trabajadoras.

“Lo que estamos reivindicando los operadores económicos es que se nos juzgue por la calidad del servicio que prestamos, no por la tipología de entidad (mercantil, cooperativa, asociación, fundación, administración,…). Lo que pedimos es transparencia e igualdad de trato hacia todos los operadores económicos y que el debate se centre en cómo mejorar la calidad en la asistencia a través de organismos independientes que controlen, supervisen y evalúen la prestación del servicio”, ha asegurado José Antonio Mur, director de Accent Social.

 

Durante la jornada, se ha reivindicado la creación de un sistema de evaluación continua que permita valorar la excelencia de los servicios prestados, como ya existe en el Reino Unido.

 

Asimismo, durante el encuentro se ha reivindicado la necesidad de crear nuevas estructuras de control que permitan evaluar la calidad de la prestación de los servicios más allá de la puntación técnica de las licitaciones públicas de servicios a las personas.

Un elemento de examen y seguimiento que ya existen en países como Reino Unido, dónde el llamado Care Quality Comission (CQC)actúa como mecanismo independiente con capacidad ejecutiva para evaluar la prestación de los servicios sociales y sanitarios con funciones como controlar el registro de proveedores o supervisar, inspeccionar y valorar los servicios. También ayuda a proteger a los usuarios de los servicios e informa a la sociedad de manera independiente sobre la situación de los mismos.

“Nuestra sociedad requiere de un sistema de evaluación continua que actúe de manera autónoma para garantizar una adecuada calidad de los servicios, teniendo potestad incluso de finalizar aquellos servicios que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos. Solo así podremos asegurar un entorno profesional en el que la prioridad para todas y cada una de las entidades que prestan servicios a las personas sea precisamente el bienestar de las personas usuarias y de los trabajadores que proporcionan la atención”, ha asegurado José Antonio Mur, director de Accent Social.

En referencia a la dignificación del sector, la representante de UGT, Marina Giner, ha declarado: “A los trabajadores no les importa ni les afecta el tipo de entidad que presta el servicio, dado que todos los operadores económicos, incluida la Administración, aplican el mismo convenio y las mismas condiciones laborales. Lo que sí hay que reivindicar es que las Administraciones aporten más recursos económicos que repercutan en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores”.

El evento ha contado con unas palabras de bienvenida por parte de María José Abraham, directora general de Edad&Vida y con una ponencia pronunciada por Francesc José Maria, asesor en el ámbito sanitario y social de más de 60 entidades, tanto públicas como privadas.

En su intervención, Abraham ha destacado que “desde la Fundación Edad&Vida hace años que somos conscientes y defendemos la colaboración público-privada”. Además, ha apostillado que “estamos convencidos de que hoy en día nadie se atrevería a dudar de la necesidad de que ambos sectores tienen que interaccionar y desarrollar soluciones colaborativas para satisfacer de forma eficaz y eficiente las necesidades de una sociedad cada vez más heterogénea, más compleja, con diferentes necesidades y mucho más demandante”.

Por último, Abraham asegurado que “en este momento alrededor del 20% de la población de Catalunya, casi un millón y medio de personas, tienen 65 o más años y todos ellos requerirán servicios de calidad. Por eso, como profesionales tenemos la obligación de encontrar la fórmula que asegure atender a todas las personas que lo necesiten”.

De igual modo, se celebró una mesa redonda que ha contado con la participación de José Antonio Mur, Marina Giner, responsable del Servicio de Atención Domiciliaria de FeSP-UGT Catalunya, Miquel Benito, director de Coordinación de Contractación Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona y Josep Carner, representante de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.

El acto ha sido clausurado por la Sra. Mercè Corretja, directora general de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya, quién desde el punto de vista del gobierno catalán ha apuntado: “Tenemos la suerte de que en Catalunya hay muchas entidades que desde hace muchos años han ocupado ciertos espacios que la Administración había dejado vacantes gracias a fórmulas de colaboración público-privada muy diversas. El proyecto de Ley de Atención a las Personas quiere asegurar que las entidades expertas puedan brindar bien sus servicios y por eso prevé limitaciones en cuestiones como el precio de los servicios o la prohibición de la subasta, entre otros aspectos”.

 


SOBRE ACCENT SOCIAL

Accent Social es una entidad local ligada al territorio catalán que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas de su entorno, acompañándolas en su proceso vital con la máxima atención y flexibilidad respecto a sus necesidades individuales y aplicando siempre la innovación en el servicio del bienestar. Gracias a un equipo formado por más de 2.500 personas, la entidad presta servicio a más de 10.000 personas usuarias cada año.